El economista Luis Reyes admitió este jueves que existen las condiciones técnicas desde hace mucho tiempo para que en la República Dominicana se materialice la reforma fiscal, a pesar de que no se hayan creado los contextos políticos.
La reforma fiscal en su esencia busca modificar las leyes concernientes a los impuestos o carga impositiva que como proceso deviene de la estructura y funcionamiento de la administración estatal mediante el Poder Legislativo (diputados y senadores), y que son vinculantes con el gasto público, este último con tendencia a la calidad.
Reyes sugirió que ningún economista sensato debe dudar sobre la pertinencia técnica de una reforma fiscal, y entre las condiciones técnicas listó que, en primer lugar, los niveles de tributación son de los más bajos en América Latina, segundo, el pago de los intereses de la deuda y una culpabilidad o no de los gobiernos que se podría discutir.
“Hay una situación incontrovertible y es que nosotros tenemos unos de los niveles de pago de intereses más elevados del mundo como proporción de los ingresos y, eso es una justificación por sí solas. No obstante, el país se ha manejado, suficientemente, bien para que la calificación de riesgo país se mantenga baja y la sobretasa que pagamos porque no tenemos cuentas fiscales óptimas”, sostuvo el también miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El exdirector de Presupuesto dijo que la República Dominicana ha tenido la capacidad para manejarse en ese escenario, “es una situación que no es sostenible por lo que es correcto que el Gobierno se aboque a eso”.
Sobre los lineamientos enumeró que, primero, debe ser una reforma compensatoria y que proteja a los sectores de menos ingresos, segundo, tiene que atacar el tema de la elevación porque podría carecer de legitimidad, y todo lo que tiene que ver con evasión y educción debería ser un componente importante y tercero, tiene que tener un componente que ataque el problema del gasto”, sostuvo.
Advirtió que no hay forma de que, “una reforma tenga legitimidad si no ataca el tema de la transferencia al sector eléctrico o las perdidas eléctricas. Por lo menos esas tres condiciones de bases deben cumplir para que sea legitima frente a la población”.
