São Paulo. – Mientras el expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron condenados esta semana por corrupción vinculada al escándalo Odebrecht, en Brasil, país donde se originó la trama, el emblemático caso hace aguas con la anulación de pruebas clave y la cancelación de múltiples condenas.
El Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño ha anulado sistemáticamente en los últimos dos años pruebas utilizadas en procesos contra la constructora Odebrecht, cancelando sanciones millonarias y desarticulando buena parte de las bases legales que sustentaban la operación Lava Jato, considerada una de las mayores investigaciones anticorrupción de América Latina.
Un escenario de “tierra arrasada”
Para Bruno Brandão, director de Transparencia Internacional en Brasil, el país vive actualmente un escenario de “tierra arrasada” en materia de lucha anticorrupción, donde las condiciones para realizar futuras investigaciones similares han sido prácticamente desmanteladas.
“Brasil se ha convertido en un puerto seguro para la corrupción”, declaró Brandão a la agencia EFE, tras confirmar que Nadine Heredia recibió asilo en Brasil y llegó este miércoles a São Paulo en un avión fletado por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El factor Lula y el fallo contra Sergio Moro
La legitimidad de muchas de las investigaciones del caso Lava Jato ha sido puesta en duda desde que el STF concluyó que el entonces juez Sergio Moro —quien condenó a Lula en 2017— actuó con parcialidad.
Esto llevó a la anulación de la condena contra el ahora presidente brasileño, y más recientemente, a la invalidez de pruebas clave: entre ellas, archivos del sistema informático que registraba los sobornos de Odebrecht y que se encontraba alojado en Suiza. Según la Corte, dichos datos fueron obtenidos sin seguir los cauces legales internacionales, contaminando todo el proceso.
Suspensión de sanciones y freno a la cooperación
En 2023, el magistrado José Antonio Dias Toffoli amplió el alcance de esa decisión a todos los casos derivados de Odebrecht y suspendió la multa de 8.500 millones de reales (unos 1.500 millones de dólares) que la constructora debía pagar al Estado brasileño como parte de su acuerdo de colaboración.
Entre los favorecidos por esta nueva línea judicial están Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora, y José Dirceu, exministro del primer mandato de Lula da Silva.
Efectos en el caso Humala y reacción internacional
En este contexto, los abogados del expresidente Ollanta Humala solicitaron al STF que se detuviera la cooperación judicial con Perú, argumentando que las pruebas utilizadas para condenarlo por lavado de activos y aportes ilícitos de campaña eran ilícitas bajo la legislación brasileña. Toffoli aceptó la “inaplicabilidad” de dichas pruebas y ordenó comunicarlo al gobierno peruano.
No obstante, la justicia peruana no acató esa interpretación y condenó a Humala y Heredia a 15 años de prisión, generando una controversia diplomática y jurídica.
El profesor de derecho penal Marcelo Cavali, de la Fundación Getulio Vargas, explicó que Brasil no puede obligar a Perú a aceptar su fallo, pero sí puede suspender la cooperación judicial internacional como medida de presión.
Preocupaciones por impunidad y retroceso institucional
El desmantelamiento progresivo del caso Odebrecht en Brasil ha sido fuertemente criticado por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quienes advierten sobre el riesgo de impunidad y la fragilidad creciente de los mecanismos de cooperación internacional contra la corrupción.
En medio de esta polémica, el magistrado Toffoli ha abierto una investigación penal contra Transparencia Internacional, por presunta apropiación indebida de fondos públicos, una acusación que la ONG niega tajantemente, mientras la Fiscalía ha solicitado el archivo del caso por falta de mérito.
Un caso emblemático que se desmorona
El caso Odebrecht, que sacudió a más de una decena de países en América Latina, hoy enfrenta una crisis de credibilidad y sostenibilidad jurídica en Brasil, su epicentro. Mientras en Perú siguen dictándose condenas, la cooperación internacional queda en entredicho, y el modelo brasileño de justicia anticorrupción parece cada vez más debilitado.
