La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ha confiscado un inmueble valorado en más de RD$25 millones, propiedad del regidor Walky Cuevas Charles, de San Pedro de Macorís. Esta acción se basa en la relación del regidor con una red internacional de narcotráfico y lavado de activos que ha infiltrado recursos ilícitos en el sistema económico nacional.
Las investigaciones revelan que la organización criminal con la que se relaciona Cuevas Charles inyectó más de RD$300 millones en la economía dominicana, utilizando empresas fachada como principal mecanismo para la adquisición de bienes de alto valor. Este enfoque buscaba dar una apariencia de legalidad a las ganancias derivadas del narcotráfico, dificultando su rastreo y vinculación con actividades ilegales.
El inmueble incautado, localizado en el sector México de San Pedro de Macorís, consiste en un edificio de tres niveles que alberga seis apartamentos, con una tasación técnica de 25 millones de pesos dominicanos. Las autoridades aseguran que esta propiedad fue adquirida con fondos de origen ilícito, como parte del esquema de lavado de activos implementado por la red criminal.
La operación de incautación se realizó con la colaboración de diversas entidades, incluyendo la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), además del respaldo de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).
Walky Cuevas Charles, electo regidor por el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), está presuntamente vinculado a la organización liderada por Yunior Santos Restrepo, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva. Las pesquisas indican que Cuevas Charles habría facilitado la compra de diversos bienes, incluidos vehículos y propiedades, utilizando capital proveniente del narcotráfico, los cuales estaban registrados a nombre de terceros asociados a la estructura criminal.
Esta incautación se suma a los resultados de allanamientos previos en septiembre de 2023, donde se confiscaban drogas, armas de alto calibre, dinero en efectivo y vehículos de lujo, reafirmando el compromiso de la Procuraduría Antilavado en la lucha contra el crimen organizado.