Buenos Aires. – La Justicia argentina realizó este jueves por la noche seis allanamientos en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación por la supuesta filmación de un documental no autorizado sobre el juicio que busca determinar responsabilidades penales en la muerte del astro del fútbol Diego Armando Maradona.
La medida judicial, confirmada por una fuente oficial que solicitó anonimato, incluyó el ingreso a dos productoras audiovisuales y cuatro domicilios particulares, entre ellos la vivienda de una mujer que asiste frecuentemente al juicio y que habría sido señalada como realizadora del presunto documental. Según el diario La Nación, esta persona fue identificada como “amiga de la infancia” por la jueza Julieta Makintach, una de las integrantes del tribunal.
El escándalo ha provocado la suspensión temporal del juicio, que se había iniciado el pasado 11 de marzo en un tribunal de San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires, donde Maradona residía al momento de su muerte el 25 de noviembre de 2020. La interrupción fue dispuesta para investigar si la magistrada Makintach permitió el ingreso de cámaras a las audiencias judiciales sin autorización formal.
En declaraciones a medios nacionales, Makintach negó haber participado o colaborado con la producción de un documental, al tiempo que rechazó cualquier vínculo profesional de su amiga con el proyecto. Sin embargo, medios argentinos difundieron videos donde presuntamente se observa a la jueza frente a una cámara de filmación dentro del recinto judicial, lo que ha desatado una ola de críticas.
El reconocido abogado querellante Fernando Burlando exigió el reinicio completo del proceso judicial, argumentando que “nada de lo que se hizo sirve” tras conocerse los resultados preliminares de los allanamientos. En una entrevista radial con Radio Con Vos, Burlando afirmó que pedirá la recusación y juicio político contra Makintach, y no descartó incluir en su petición a los otros dos jueces del tribunal.
“No ofició de jueza, ofició de actriz”, sentenció.
Actualmente, la jueza Makintach enfrenta tres pedidos de recusación, dos de los cuales serán resueltos el próximo martes, fecha prevista para la reanudación del juicio, que se encuentra ahora bajo una fuerte amenaza de nulidad.
El proceso judicial investiga las presuntas negligencias del equipo médico que atendía a Maradona tras una intervención neuroquirúrgica. El exfutbolista murió por un edema agudo de pulmón mientras se encontraba bajo cuidados domiciliarios. Siete profesionales de la salud —entre ellos médicos, enfermeros y un psicólogo— están acusados de homicidio con dolo eventual, una figura penal que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión por actuar con conciencia del riesgo de muerte que implicaban sus decisiones. Una octava acusada será juzgada por separado.
La querella ha cuestionado fuertemente la decisión de mantener a Maradona fuera de un entorno hospitalario, así como la calidad de la atención recibida y las condiciones de su residencia, las cuales habrían sido inadecuadas para un paciente en su estado.
El juicio, que comenzó con la expectativa de esclarecer las circunstancias que rodearon la trágica muerte del ídolo argentino, se encuentra ahora sumido en un nuevo capítulo de polémica que amenaza con ensombrecer el proceso judicial más mediático del país en los últimos años.
