Santo Domingo. – Un tribunal de la República Dominicana impuso este lunes una medida de coerción consistente en una garantía económica de un millón de pesos, bajo la modalidad de contrato, a la comunicadora e influencer Ingrid Altagracia Jorge, conocida en redes sociales como “La Torita”, tras ser acusada formalmente de difamación en perjuicio del procurador adjunto Iván Féliz Vargas.
La decisión judicial también contempla impedimento de salida del país y la obligación de presentación periódica ante las autoridades judiciales, con el fin de asegurar su sometimiento al proceso mientras se investigan los hechos que dieron origen a la acusación.
Según fuentes judiciales, la denuncia fue interpuesta por el magistrado Féliz Vargas, luego de que Jorge realizara declaraciones públicas consideradas ofensivas y carentes de fundamento legal, difundidas a través de plataformas digitales y redes sociales. Estas manifestaciones habrían afectado el honor y la integridad moral del funcionario del Ministerio Público.
La audiencia de medida de coerción se llevó a cabo en un ambiente de alta expectativa, debido al perfil mediático de la imputada, quien se ha mantenido activa en la esfera pública tanto por su rol como comunicadora como por su parentesco con figuras de relevancia política.
De acuerdo con el portal ntelemicro.com, el tribunal ponderó la naturaleza de la acusación y el alcance de las declaraciones realizadas por la imputada, así como la necesidad de garantizar su comparecencia durante el proceso judicial.
Hasta el momento, ni Ingrid Jorge ni su defensa legal han ofrecido declaraciones formales a los medios sobre la decisión del tribunal. Se espera que en los próximos días presenten un recurso o comuniquen su postura pública sobre el caso.
El Ministerio Público informó que continuará las diligencias procesales correspondientes, al tiempo que reiteró su compromiso con la protección de la honra de los funcionarios públicos y el cumplimiento estricto de la ley en casos relacionados con delitos contra el honor.
