Santo Domingo. – La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana anunció la suspensión temporal de las Resoluciones 05-2025 y 07-2025, que modificaban los límites mínimos de cobertura y las tarifas del seguro obligatorio para vehículos de motor, con el fin de abrir un proceso de consulta pública ampliada que se extenderá por seis meses.
La medida, formalizada mediante la Resolución Núm. 10-2025, busca garantizar la participación activa de gremios del transporte, aseguradoras, organizaciones de consumidores, representantes del sector jurídico y académico, así como de la ciudadanía en general en la construcción de la nueva normativa.
“Esta decisión es un paso hacia adelante en el fortalecimiento del proceso regulatorio. En lugar de imponer una norma, preferimos construirla junto a los sectores que representa y protege”, afirmó el superintendente de seguros, Julio César Valentín Jiminián.
Esquema vigente y proceso participativo
Durante el período de suspensión, continuará en vigor el esquema anterior establecido en la Resolución 010-2002.
En los próximos días, la Superintendencia dará a conocer el cronograma oficial de la consulta, que incluirá:
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Audiencias públicas.
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Plataformas digitales para recibir observaciones.
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Mecanismos institucionales para la presentación de propuestas.
El objetivo es perfeccionar la regulación del seguro obligatorio mediante un proceso transparente, inclusivo y basado en el consenso.
Fundamento legal
La decisión se sustenta en la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas, la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la Ley 167-21 de Mejora Regulatoria, la Ley 107-13 sobre Procedimiento Administrativo y en los principios constitucionales de participación, razonabilidad y seguridad jurídica.
“La regulación que queremos para el país debe nacer del consenso y del interés general”, reiteró el titular del órgano supervisor.
Con esta iniciativa, la Superintendencia de Seguros reafirma su compromiso con la transparencia y la construcción de políticas públicas participativas, orientadas a proteger tanto a los usuarios como a las empresas del sector.