Santo Domingo.– La Fuerza de Tarea Conjunta inició un trabajo articulado con el objetivo de priorizar la atención en salud mental, considerando este tema una deuda social y de seguridad que se ha agudizado a nivel mundial. El esfuerzo involucra al Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional, la Procuraduría General, el Ministerio de la Mujer y otras agencias estatales.
La información fue ofrecida por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al concluir la reunión número 104 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader, con la participación del ministro de Salud Pública, Víctor Elías Atallah.
Salud mental como prioridad de seguridad
Raful señaló que la salud mental había dejado de ser prioridad durante muchos años, lo que generó una enorme deuda social en la creación de espacios accesibles para atención preventiva.
“Estamos retomando iniciativas articuladas, porque un tema de salud también es un tema de seguridad, de protección a menores, a mujeres, a sectores vulnerables y a víctimas silenciosas de abusos que no siempre son físicos, pero que desencadenan situaciones graves”, expresó la funcionaria.
La ministra subrayó que los efectos de la pandemia han agravado las condiciones de salud mental, tanto en el plano global como local, y llamó a reforzar la prevención con más recursos, tecnología y personal especializado.
Llamado a la sociedad
Raful lamentó los casos de maltrato contra menores registrados en los últimos días y exhortó a la sociedad a colaborar desde los medios de comunicación, juntas de vecinos e iglesias.
“Necesitamos un periplo comprometido y genuino para ayudarnos entre todos. La política pública nacional requiere un mayor esfuerzo colectivo”, afirmó.
Estadísticas de homicidios
La funcionaria informó que la tasa acumulada de homicidios en el país se ubica en 8.1 por cada 100,000 habitantes, con datos de la Policía Nacional hasta el 22 de agosto. Esto representa una tendencia a la baja, con 25 provincias en un solo dígito.
Hasta la fecha, se han registrado 852 víctimas mortales en 2025, frente a 904 en igual período de 2024 y 993 en 2023, lo que refleja 52 muertes menos que el año pasado.
Raful explicó que la clasificación de cada caso corresponde al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y que la data remitida a la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) distingue entre homicidios, muertes accidentales o por legítima defensa, evitando distorsiones.