Santo Domingo.- El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, sometió al Congreso Nacional el proyecto de modificación a la Ley núm. 80-24, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2025.
La pieza incorpora un incremento del gasto de capital equivalente al 0.4 % del producto interno bruto (PIB), con el objetivo de aplicar una política fiscal contracíclica que permita impulsar la actividad económica, mitigar los efectos de la coyuntura internacional y garantizar un crecimiento sostenible.
Ingresos y gastos proyectados
De acuerdo con el documento remitido al Congreso, los ingresos estimados para 2025 ascienden a RD$1,277,364.7 millones, cifra que representa un 16 % del PIB proyectado.
En cuanto al gasto público, se plantea un aumento neto de RD$69,740.2 millones, equivalente a un 4.7 % más que lo aprobado inicialmente. Este monto contempla una expansión del 20 % en el gasto de capital, lo que supone RD$35,548.25 millones adicionales (0.4 % del PIB).
Destino de los recursos adicionales
Los recursos serán canalizados principalmente hacia proyectos de inversión pública, a cargo de instituciones como:
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Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
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Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived)
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Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret)
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Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa)
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Servicio Nacional de Salud (SNS)
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Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial
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Gobiernos locales
Además, el presupuesto reformulado contempla mayores asignaciones en salud, seguridad nacional y programas sociales, incluyendo acciones para mejorar las condiciones de los centros hospitalarios y apoyar la reforma policial.
Déficit y sostenibilidad fiscal
Como consecuencia de la expansión del gasto, el déficit fiscal pasará de 3.0 % a 3.47 % del PIB estimado para 2025. No obstante, el Gobierno precisó que este incremento será financiado principalmente con excedentes de ejercicios presupuestarios anteriores, evitando así presiones adicionales sobre la deuda pública.
El proyecto también garantiza el cumplimiento de la Regla Fiscal establecida en la Ley 35-24, de Responsabilidad Fiscal, lo que asegura que la expansión del gasto se ejecute de forma equilibrada, preservando la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad financiera del Estado.
