La cancelación del beneficio deja en riesgo de deportación a familias que llevan más de 25 años en EE.UU. y afecta gravemente a comunidades en Florida y Texas.
Washington.– El Estatus de Protección Temporal (TPS) para casi 60,000 hondureños y nicaragüenses venció este lunes en Estados Unidos, dejando a miles de migrantes expuestos a la deportación tras haber residido más de dos décadas en el país.
La medida, adoptada por la administración del presidente Donald Trump, impacta de manera especial a Florida, donde vive un tercio de los más de un millón de beneficiarios del TPS en EE.UU., y a Texas, el segundo estado con mayor población hondureña.
“Pedimos al presidente que nos active el TPS porque, a partir de la medianoche, nuestro seguro médico y muchos beneficios serán cortados. Estamos sin nada, sin licencia”, declaró Lesly Mejía, una de las afectadas.
El origen del amparo
El TPS fue otorgado a ciudadanos de Honduras y Nicaragua tras la devastación provocada por el huracán Mitch en 1998, que dejó más de 11,000 muertos en Centroamérica. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que las condiciones en ambos países han mejorado lo suficiente para permitir el retorno de sus ciudadanos, argumento respaldado por la presidenta hondureña Xiomara Castro.
Sin embargo, migrantes cuestionan esta visión.
“En Nicaragua se vive bajo dictadura y en Honduras los gobiernos se volvieron cómplices del crimen organizado. Decir que es seguro volver no corresponde con la realidad”, señaló Mejía.
Impacto económico y social
La Fundación 15 de Septiembre, que agrupa a hondureños en EE.UU., advirtió que la expulsión de beneficiarios agravaría la crisis en Honduras, cuya economía depende en un 27% de las remesas enviadas por sus ciudadanos en el extranjero.
“Más de 55,000 hondureños y 60,000 niños estadounidenses —hijos de padres amparados por el TPS— quedarían en riesgo si se ejecutan las deportaciones”, alertó su presidente, Juan Flores.
Camino judicial pendiente
Aún queda en curso un proceso en la Corte del Noveno Circuito en San Francisco, cuya decisión se espera el 18 de noviembre. Hasta entonces, miles de hondureños y nicaragüenses permanecen en un limbo migratorio.
La incertidumbre afecta a familias mixtas como la del puertorriqueño Julio Marrero, casado con una beneficiaria del TPS que dejó de trabajar por miedo a la deportación.
“Está encerrada, no quiere salir ni afuera. Si no se logra nada en noviembre, tendremos que irnos del país”, relató.
Petición desesperada
Un grupo de hondureños se reunió en la Pequeña Habana, en Miami, para advertir de una “tragedia humana” si no se restablece el programa.
“Le pedimos clemencia al presidente, que nos dé un estatus temporal. Hemos trabajado, hemos construido y hemos aportado a este país”, rogó la migrante Iris Aguilar.
La desprotección de hondureños y nicaragüenses llega pocos días después de que un juez federal bloqueara la orden de la Casa Blanca de terminar también el TPS para más de un millón de inmigrantes venezolanos y haitianos, intensificando la presión sobre la política migratoria de Trump.
