Santo Domingo.– El Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron una circular conjunta en la que se establece la obligatoriedad del cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social por parte de los proveedores que participan en la ejecución de contratos públicos.
La normativa, firmada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán, reafirma que el respeto a los derechos de los trabajadores es un principio esencial de integridad y ética contractual, en consonancia con el rol del Estado como garante del trabajo decente.
Supervisión y sanciones
El documento instruye a todas las instituciones contratantes a supervisar activamente que los proveedores cumplan con:
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Inscripción de sus empleados en la seguridad social.
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Condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
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Cumplimiento de la proporción del 80 % de trabajadores nacionales en sus plantillas.
Además, recomienda que los contratos públicos incluyan cláusulas específicas que contemplen el incumplimiento de las normas laborales como causal de terminación unilateral o la aplicación de otras sanciones legales, previa certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) o del Ministerio de Trabajo.
Alianza por la ética y la transparencia
La circular fue presentada durante la firma de un acuerdo de colaboración interinstitucional en la sede del Ministerio de Trabajo. Allí, Olivares destacó que esta medida constituye “una gran alianza por la ética, que obligará a las empresas a cumplir las normas laborales y, por vía de consecuencia, hará más transparente la contratación pública”.
El ministro subrayó que este esfuerzo busca consolidar una cultura de cumplimiento y respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores dominicanos:
“Con esta circular, enviamos el mensaje claro de que en la República Dominicana no habrá espacio para la precarización laboral en proyectos financiados con fondos públicos”, afirmó.
Olivares también puntualizó que la normativa asegura que los recursos públicos se conviertan no solo en obras y servicios, sino también en un instrumento para promover empleos formales y con protección social.
Rol de la DGCP en la supervisión
Por su parte, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la DGCP ha incorporado en los modelos de pliegos de condiciones aspectos vinculados al cumplimiento de normas laborales, de seguridad y protección de los trabajadores, así como disposiciones que promueven la inclusión laboral de personas con discapacidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social.
Pimentel añadió que el acuerdo permitirá profundizar en acciones conjuntas de supervisión, capacitación y acompañamiento a proveedores, fortaleciendo así las políticas de integridad en la contratación pública y la protección de los derechos laborales.
Desarrollo inclusivo y sostenible
Con esta circular, ambas instituciones buscan garantizar que las empresas que contraten con el Estado actúen con responsabilidad social, cumpliendo las normas y estándares que aseguren un entorno laboral digno y seguro.
El Ministerio de Trabajo reiteró su compromiso de acompañar y supervisar la implementación de esta normativa, convencido de que solo con el pleno cumplimiento de la ley será posible avanzar hacia un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible en la República Dominicana.
