Santo Domingo.– El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, anunció este martes la emisión de la Orden Departamental 055-2025, una disposición que refuerza los mecanismos de control y supervisión en los contratos de mantenimiento correctivo de los centros educativos, con el objetivo de asegurar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
Desde marzo de 2025, el Ministerio de Educación lleva a cabo un proceso integral de revisión de todos los contratos de mantenimiento correctivo, tanto los heredados de la pasada gestión como los iniciados bajo la actual administración. Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento técnico de la Contraloría General de la República, lo que ha permitido introducir controles más estrictos en los procesos de validación y pago.
Nuevos controles y medidas de supervisión
La nueva orden establece que ninguna transferencia de fondos a las juntas descentralizadas podrá realizarse sin una auditoría previa que certifique la conclusión satisfactoria de los trabajos, avalada por la Contraloría. Además, instruye la elaboración de un informe técnico sobre las obras pagadas y no ejecutadas, el cual será remitido al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público y, de ser necesario, al Ministerio Público.
El documento también dispone el fortalecimiento de la supervisión de las obras en curso por parte de la Dirección de Infraestructura Escolar y establece que cada transferencia de recursos debe pasar por un proceso controlado y debidamente documentado.
Responsabilidades de las juntas descentralizadas
En este contexto, el Ministerio reiteró la obligación de las juntas descentralizadas de cumplir con el Reglamento para el Manejo de Fondos, que exige la aprobación de planes operativos y presupuestos, la rendición de informes mensuales, la actualización de inventarios y la aplicación de deducciones fiscales correspondientes.
Asimismo, recordó que estas juntas están sujetas a la Ley de Compras y Contrataciones, y que cualquier incumplimiento será objeto de sanciones. Incluso, el Consejo Nacional de Educación mantiene la facultad de anular decisiones que contradigan la Constitución y la Ley General de Educación.
Compromiso con la transparencia
La cartera educativa subrayó que la gestión que encabeza De Camps mantiene un compromiso claro: cada recurso destinado al mantenimiento escolar debe traducirse en obras verificadas y en mejores condiciones para los estudiantes, docentes y comunidades educativas.
Con estas medidas, el MINERD busca garantizar que la conservación de la planta física escolar cuente con controles técnicos, financieros y legales más sólidos, fortaleciendo así la confianza ciudadana en el manejo de los recursos del sector educativo.
