Santo Domingo.– El Senado de la República Dominicana aprobó en primera discusión el nuevo Código de Trabajo, una pieza clave que, según su presidente Ricardo de los Santos, busca equilibrar los derechos de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
La aprobación se produjo en vísperas de la Vigésima Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Bávaro, provincia La Altagracia.
Garantías para las mipymes
De los Santos destacó que uno de los principales avances del Código es la adecuación de las sanciones económicas a la realidad de las mipymes, con “multas accesibles” que eviten cargas excesivas y, a la vez, la introducción de un tope a la cesantía para prevenir cierres de negocios a causa de despidos.
“El mayor incentivo del Código es la garantía para que las mipymes se puedan mantener en el mercado”, afirmó el legislador.
La cesantía: derecho adquirido
El presidente del Senado aclaró que, pese a reclamos de sectores empresariales, la cesantía no será eliminada.
“El sector laboral tiene plena garantía de que hemos protegido la cesantía desde el primer momento y de que eso no se va a tocar”, enfatizó De los Santos.
Avances procesales
La normativa también introduce mecanismos para agilizar los procesos judiciales laborales:
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Astreinte, medida que busca poner fin a la práctica de abogados que “compran” casos para dilatarlos en tribunales.
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Establecimiento de un plazo máximo de 18 meses para que los jueces emitan sentencias, reduciendo los atrasos de años que afectan a trabajadores y empleadores.
Innovación: el juez conciliador
Entre las novedades, De los Santos resaltó la creación de la figura del juez conciliador, cuya función será mediar y buscar acuerdos antes de llegar a juicio de fondo.
“Eso nos garantiza que muy pocos casos llegarán a los tribunales, porque entendemos que la mayoría de los conflictos se resolverán con el juez de conciliación”, explicó.
Próximos pasos
El proyecto deberá agotar nuevas discusiones en el Senado y posteriormente pasar a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. De consolidarse, marcaría una de las reformas más relevantes al marco laboral en las últimas décadas, con un enfoque en protección social, eficiencia judicial y sostenibilidad empresarial.
