Santo Domingo.– La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunciaron este jueves la creación de la “Certificación de Pago al Día de Obligaciones Tributarias Aduaneras”, un nuevo requisito obligatorio para los proveedores del Estado que sean importadores u operadores aduaneros.
La disposición entrará en vigor el 2 de enero de 2026 y será indispensable para poder participar en procesos de licitación pública.
Requisito para proveedores del Estado
La certificación será emitida únicamente a los proveedores registrados como contribuyentes en la administración tributaria aduanera.
La DGA aclaró que los proveedores que tengan acuerdos de pago vigentes por deudas aduaneras y estén al día en el cumplimiento de sus cuotas podrán obtener la certificación sin restricciones.
Asimismo, los abastecedores deberán mantener sus compromisos tributarios al día tanto al momento de suscribir el contrato con la entidad pública como al registrarse en la Contraloría General de la República.
Para los proveedores que no estén registrados como contribuyentes, la institución habilitará un portal de consulta en línea, donde podrá verificarse su condición ingresando el número de cédula o RNC.
Fundamento legal
La medida se sustenta en el numeral 4 del artículo 8 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y se reafirma en el numeral 4 del artículo 37 de la Ley 47-25, que regula los procesos de contratación pública en el país.
Transparencia y responsabilidad tributaria
El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, explicó que el objetivo principal de la certificación es garantizar que las empresas que proveen bienes y servicios al Estado mantengan una conducta tributaria responsable.
“Con esta medida buscamos asegurar que los proveedores cumplan con sus compromisos aduaneros y tributarios antes de contratar con el Estado”, afirmó Sanz Lovatón.
De su lado, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, valoró la certificación como un paso hacia el fortalecimiento de la integridad y la legalidad en la gestión pública.
“Este certificado refuerza los principios de transparencia en los procesos de compras y contrataciones, elevando los estándares de confianza en la administración pública”, señaló.
Con esta nueva disposición, la DGA y la DGCP buscan consolidar un sistema de contrataciones más transparente y justo, donde los proveedores del Estado cumplan con sus responsabilidades fiscales como condición esencial para participar en el mercado público.
