Santo Domingo.– A partir del 2 de enero de 2026, los proveedores del Estado que sean importadores u operadores aduaneros deberán presentar de manera obligatoria una Certificación de pago al día de Obligaciones Tributarias Aduaneras, emitida por la Dirección General de Aduanas (DGA).
La medida, anunciada en conjunto con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), será un requisito indispensable para participar en procesos de contrataciones públicas, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y la nueva Ley 47-25.
Transparencia y responsabilidad tributaria
El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, explicó que el objetivo es garantizar que los proveedores mantengan una conducta tributaria responsable.
“Es otro hito que nuestra gestión deja como legado: más transparencia, más institucionalidad y un Estado más confiable”, afirmó.
Por su parte, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, subrayó que la disposición refuerza los principios de integridad y legalidad en la administración pública.
“Con este acuerdo avanzamos hacia un sistema más justo y eficiente, donde los recursos del Estado se gestionen a favor del interés general y con mayor transparencia”, señaló.
Requisitos y mecanismos de cumplimiento
La certificación será emitida únicamente a los proveedores registrados como contribuyentes en la administración tributaria aduanera.
En los casos donde un proveedor tenga un acuerdo de pago vigente con la DGA y se encuentre al día con sus cuotas, podrá obtener la certificación sin impedimentos. La misma condición aplicará al momento de suscribir contratos con el Estado o registrarse en la Contraloría General de la República.
Asimismo, la DGA habilitará un portal de consulta en línea para verificar si un proveedor figura como contribuyente aduanero, mediante número de cédula o RNC.
Circular de aplicación general
La disposición quedó formalizada en una circular conjunta dirigida a ministros, directores, administradores generales, ayuntamientos e instituciones descentralizadas y autónomas, tanto financieras como no financieras, reiterando la obligatoriedad de cumplir con la medida en todos los procesos de contratación pública.
Compromiso con la eficiencia y la transparencia
El acuerdo forma parte de las políticas de gestión administrativa y fortalecimiento institucional impulsadas por el Poder Ejecutivo, alineadas con las metas nacionales de recaudación, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Con esta medida, la DGA y la DGCP buscan consolidar un sistema de contrataciones públicas más robusto, confiable y transparente, que incentive la responsabilidad fiscal entre los proveedores del Estado.
