La institución cita la Ley 285-04 que faculta la supervisión de lugares de trabajo para garantizar el control migratorio y la seguridad nacional
Santo Domingo, 13 de octubre de 2025.– La Dirección General de Migración (DGM) informó este lunes que cuenta con el respaldo legal para inspeccionar construcciones y lugares de trabajo sin requerir una orden judicial, como parte de sus atribuciones establecidas en la Ley General de Migración 285-04, que regula los flujos migratorios en la República Dominicana.
La institución explicó que esta facultad está sustentada en el artículo 6, numeral 14 de dicha ley, que otorga a la DGM la potestad de “inspeccionar los lugares de trabajo” para verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias vigentes.
Asimismo, el artículo 107 del mismo cuerpo legal dispone que la Dirección General de Migración “podrá efectuar inspecciones en los lugares de trabajo para tomar las medidas de lugar, sin perjuicio de las comprobaciones y acciones que emprenda el Ministerio de Trabajo”, reforzando así la legitimidad de estas actuaciones.
Respuesta a inquietudes del sector construcción
La aclaración fue emitida luego de que la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) expresara su preocupación ante la presencia de agentes de interdicción migratoria en proyectos de construcción y propiedades privadas en distintas zonas del país, alegando que dichas intervenciones se realizaban sin una orden judicial.
Ante esto, la DGM enfatizó que las inspecciones no se ejecutan de manera arbitraria, sino únicamente en casos donde existen evidencias razonables de que en las obras se ocultan extranjeros en condición migratoria irregular.
“Todas las actuaciones de los agentes migratorios se desarrollan dentro del marco de la ley, en defensa del orden público, la seguridad ciudadana y la integridad del territorio nacional”, precisó la institución.
Acciones coordinadas y enfoque en la seguridad nacional
La DGM reiteró que las inspecciones forman parte de las políticas de control migratorio dispuestas por el presidente Luis Abinader y supervisadas por el Consejo de Defensa y Seguridad del Estado, con el objetivo de mantener la paz social, la estabilidad institucional y el respeto a la soberanía nacional.
“Estas acciones deben interpretarse en el contexto de la protección de la seguridad pública y de la soberanía nacional, sin menoscabar los derechos fundamentales ni el debido proceso”, señaló el organismo.
La entidad recordó que su misión es regular, controlar y administrar los flujos migratorios conforme a la ley, en coordinación con otras instituciones del Estado, y reafirmó su compromiso con una gestión migratoria transparente, humana y ajustada a derecho.
