Un diagnóstico urgente sobre la enfermedad estructural que amenaza al Estado dominicano
La corrupción sistémica que carcome al Estado dominicano no se limita a la malversación de fondos públicos. Es un entramado político-clientelar que distorsiona los valores de la función pública, degrada la meritocracia y erosiona la confianza ciudadana.
Este artículo examina los síntomas más visibles de esta patología institucional, los mecanismos que la perpetúan y la necesidad urgente de aplicar un tratamiento profundo, sostenido y ejemplar.
Prácticas que alimentan el mal
Una conducta degradante se ha naturalizado en la administración pública: nombrar allegados, concubinas o socios políticos en cargos bien remunerados, sin méritos ni experiencia comprobada.
A esto se suman mordidas constantes, fondos desviados mediante operaciones oscuras y contratos dirigidos, y el uso de empresas de fachada o intermediarios para obtener privilegios estatales.
De estas prácticas se financian campañas políticas, redes de influencia y fortunas personales, sustituyendo el mérito por el amiguismo y el esfuerzo por el tráfico de favores.
La economía deja de premiar la productividad para rendirse ante el clientelismo.
Tratamientos contraproducentes
El proyecto del Tren Metropolitano o Monorriel de Santo Domingo es un ejemplo de terapia mal administrada: un tratamiento que, en lugar de sanar, agrava el cuadro.
Cambió varias veces de modalidad —de Alianza Público-Privada rechazada a obra estatal y luego a licitaciones fragmentadas—, pero manteniendo los mismos actores alrededor.
Aunque el ministro Paliza defendió la iniciativa alegando transparencia y supervisión internacional, la participación de Systra, empresa pública francesa vinculada a la SNCF, despierta dudas sobre la independencia del proceso.
Terapia fallida: una justicia que no cura
La justicia dominicana no ha funcionado como mecanismo terapéutico eficaz, pues continúa condicionada por intereses políticos.
Cada gobierno utiliza el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como instrumento de control, perpetuando un patrón que convierte la designación y evaluación de jueces en un ejercicio partidario.
El caso reciente de tres magistrados separados de la Suprema Corte bajo el argumento de “no haber pasado la evaluación” reavivó el debate sobre la politización del CNM.
Juristas como Servio Tulio Castaños Guzmán, Jorge Subero Isa y Julio Aníbal Suárez han advertido que el modelo actual vulnera la independencia judicial.
“La inamovilidad de los jueces no es un privilegio, sino un derecho de los ciudadanos”, recordó Suárez.
En un sistema donde quien controla el CNM designa y quien disiente desaparece, la independencia judicial no es una conquista asegurada, sino una batalla constante.
Protocolo de tratamiento
Combatir esta enfermedad estructural exige auditar, transparentar y sancionar.
El gobierno debe revisar nóminas, contratos, fideicomisos y consultorías, aplicando sanciones ejemplares y fortaleciendo los controles preventivos.
Como en medicina, los tumores deben extirparse a tiempo y la vigilancia debe ser continua.
La fortaleza de un gobierno no se mide por cuántos aliados conserva, sino por su capacidad de corregir y sobrevivir con integridad.
Tumores localizables: extirpar, prevenir y controlar
1. Auditorías de nóminas.
Publicar trimestralmente las nóminas completas de cada institución, con nombre, cargo, salario y función. Revisarlas con criterios de mérito y transparencia para detectar nepotismo, duplicidades o cargos fantasmas.
2. Licitaciones públicas.
Con la entrada en vigor de la Ley 47-25 de Compras y Contrataciones, urge garantizar planificación clara, árbitros imparciales y estándares OCDE, evitando adjudicaciones dirigidas o fraccionadas.
3. Contrataciones por excepción.
Solo deben aplicarse con justificación técnica verificable. Argumentos genéricos como “urgencia” o “proveedor único” sin respaldo documental deben ser considerados faltas administrativas graves.
4. Consultorías y asesorías.
El gasto en asesorías externas se ha convertido en un mecanismo de drenaje del erario. Mantener consultores fijos con honorarios mensuales es un lujo insostenible; toda contratación debe tener plazos, metas y resultados medibles.
5. Viajes oficiales.
Deben responder a necesidades reales de representación o capacitación, con informes públicos que justifiquen el gasto. Transparencia, pertinencia y rendición de cuentas deben ser la norma, no la excepción.
Un llamado a la profilaxis institucional
El ostracismo, entendido no como castigo sino como aislamiento ético de los corruptos, podría ser el último recurso ante el cáncer institucional que amenaza al Estado.
Separar del servicio público a quienes reinciden en la corrupción —aunque no medie condena judicial— sería una señal clara de que la moral administrativa no es negociable.
La República Dominicana necesita una cirugía moral profunda: un consenso nacional que sustituya la impunidad por la ejemplaridad, y el clientelismo por la transparencia.
Solo así el país podrá sanar las heridas que la corrupción ha dejado en su cuerpo institucional.
