Santo Domingo. – Tras múltiples reuniones y sesiones de trabajo, las comunidades de Cotuí y la minera Barrick Pueblo Viejo firmaron un acuerdo definitivo y satisfactorio para resolver los temas pendientes relacionados con el reasentamiento derivado de la expansión de la mina Pueblo Viejo, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez.
El consenso fue posible gracias a la intermediación del Gobierno dominicano, representado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; la Iglesia católica, a través del obispo de La Vega, monseñor Tomás Morel Diplán, en representación de las comunidades; y el defensor del pueblo, Pablo Ulloa.
La inversión estimada para el proyecto de reasentamiento supera los RD$20,000 millones, e incluye la provisión de viviendas dignas y adecuadas para cada familia afectada, conforme al censo realizado. Además, garantiza acceso a servicios básicos esenciales como agua potable, saneamiento, electricidad, salud, educación primaria y secundaria, instalaciones deportivas —cancha mixta y campo de béisbol— y vías de acceso. También contempla planes para restaurar medios de vida y actividades productivas de las familias reasentadas.
El acuerdo establece nuevos valores de reposición para seis cultivos, según una matriz de precios, y define las compensaciones económicas por tarea de tierra.
Desde el inicio, el proyecto incluye un programa de soporte psicosocial que ofrece acompañamiento individualizado a los hogares afectados, con profesionales en psicología para prevenir y gestionar dificultades, así como dar seguimiento a los planes de vida familiares.
Además, contempla un programa de generación de ingresos y educación financiera con asesoría técnica para actividades económicas, un plan de fortalecimiento educativo orientado a reducir el rezago escolar y el analfabetismo, y un programa de convivencia para promover la integración entre los reasentados y las comunidades receptoras.
El Estado y Barrick Pueblo Viejo se comprometieron a garantizar viviendas dignas y adecuadas para cada familia. Además, el Gobierno acordó la construcción de una Unidad de Atención Primaria, un politécnico, un destacamento policial, un mercado y un cementerio municipal en la comunidad de destino. También se implementará una estancia infantil y se mejorará el tramo carretero Cotuí-Nuevos Horizontes.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, señaló que “la firma de este acuerdo representa un paso trascendental hacia una minería inclusiva y respetuosa de los derechos comunitarios”. Afirmó que esta etapa marca “el inicio de un nuevo capítulo entre el desarrollo minero y el bienestar de las personas que habitan estos territorios, reafirmando que es posible avanzar con responsabilidad social, diálogo y respeto mutuo”.
Santos destacó la labor de mediación de la Iglesia católica y el defensor del pueblo, y aseguró que el proceso busca que el reasentamiento y la construcción de la presa de cola se conviertan en un modelo de gestión participativa y transparencia.
Por su parte, Pablo Ulloa, defensor del pueblo, calificó el acuerdo como “un proceso evolutivo y de aprendizaje” y expresó el compromiso de acompañamiento continuo para garantizar el cumplimiento de los derechos de las comunidades.
Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, explicó que el programa se diseñó con la participación activa de todas las partes interesadas, alineado a la legislación dominicana y a la norma de Reasentamiento Involuntario de la Corporación Financiera Internacional (IFC).
El representante comunitario Martín Guzmán valoró el acuerdo como positivo, señalando que “estamos en el punto final de una negociación y hemos sacado lo mejor que se ha podido”.
El acuerdo refleja una estrecha colaboración entre todas las partes para asegurar la implementación oportuna del proceso, bajo el liderazgo del Ministerio de Energía y Minas y el compromiso del defensor del pueblo y la Iglesia católica. Se destacó la apertura y transparencia de Barrick Pueblo Viejo para trabajar de buena fe con las comunidades receptoras.
Con este acuerdo, se libera el potencial de la expansión de la mina Pueblo Viejo, en beneficio de la República Dominicana.
En la firma del convenio participaron también el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el alcalde del municipio de Bonao, Eberto Antonio Núñez; y Rolando Muñoz, director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas.
