Los Ángeles, EE.UU.– Nueve demandantes, entre ellos cinco trabajadores inmigrantes detenidos y cuatro organizaciones defensoras de derechos civiles, presentaron este martes una demanda federal contra el Gobierno de Donald Trump por supuestas violaciones constitucionales, detenciones arbitrarias y perfil racial durante las recientes redadas migratorias en el área metropolitana de Los Ángeles.
La querella, interpuesta en el Tribunal de Distrito del Centro de California, acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de operar con tácticas que incluyen “secuestro y desaparición” de personas, sin órdenes judiciales, en violación directa de la Cuarta y Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU. También denuncia condiciones ilegales de detención, falta de acceso a abogados y trato cruel e inhumano.
Una demanda colectiva con impacto regional
El caso, de 63 páginas, busca ser elevado a la categoría de acción colectiva, abarcando a inmigrantes detenidos en siete condados del área metropolitana de Los Ángeles. Entre los demandantes institucionales se encuentran la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), CHIRLA y el Centro Legal de Defensores de Inmigrantes.
El abogado principal de la ACLU SoCal, Mohammad Tajsar, calificó la demanda como “histórica” y acusó al Gobierno de realizar redadas “ilegales, inmorales e inconstitucionales”. “Desde el 6 de junio, matones enmascarados han aterrorizado a nuestras comunidades de color violando la Constitución”, afirmó.
El caso del lavadero de carros: símbolo de las redadas
La demanda fue anunciada desde el lavadero de carros Bubble Bath Car Wash en Torrance, donde el pasado 22 de junio agentes encapuchados, con chalecos de la Patrulla Fronteriza, detuvieron violentamente a varios trabajadores sin identificarse adecuadamente ni mostrar órdenes judiciales.
Enmanuel, copropietario del negocio, denunció que los agentes irrumpieron en áreas restringidas del local y trataron a los empleados “como criminales, sin dignidad”.
Incomunicación y desapariciones
Uno de los testimonios más impactantes fue el de Emily Hernández, quien denunció que su tío, un inmigrante salvadoreño, fue detenido sin que la familia tenga información oficial de su paradero, ni acceso a su caso, incluso diez días después del arresto.
“Se siente como si no importáramos… pero sí importamos. Mi tío importa”, expresó entre lágrimas.
Condiciones “inhumanas”
El abogado Mark Rosenbaum, de Public Counsel, denunció que los detenidos han sido llevados a instalaciones superpobladas, sin atención médica, comida adecuada ni representación legal. “Esto busca desmantelar el derecho al debido proceso y ocultar de la vista pública el trato degradante que reciben estos individuos”, dijo.
Exigen cese de redadas y acceso a abogados
La demanda solicita medidas cautelares y permanentes que impidan al gobierno seguir realizando redadas en las condiciones actuales, y que se garantice el acceso inmediato a abogados y familiares para todos los detenidos.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia de EE.UU. ha recibido notificación de la demanda, pero ha indicado que responderá después del feriado del Día de la Independencia.
“No puede haber excusa: la Constitución no toma vacaciones”, concluyó Rosenbaum.
Esta acción judicial representa uno de los más significativos intentos de frenar las políticas migratorias de línea dura heredadas de la era Trump y podría sentar precedentes legales en la defensa de los derechos de las comunidades migrantes en EE.UU.
