Santo Domingo.– El Ministerio de la Mujer manifestó su profunda preocupación por los consensos anunciados por la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que estudia el proyecto de reforma al Código Penal, al considerar que las propuestas actuales representan un retroceso en la protección de los derechos fundamentales y en particular, afectan a mujeres, adolescentes y niñas, quienes siguen siendo las principales víctimas de violencia y discriminación.
La titular de la institución, ministra Mayra Jiménez, advirtió que, a más de dos décadas de debate legislativo, las propuestas en discusión omiten avances clave en materia de derechos humanos y perpetúan la vulnerabilidad de las mujeres frente a las distintas formas de violencia.
“Las mujeres y niñas no pueden seguir siendo invisibilizadas en los procesos legislativos. Un Código Penal moderno y justo debe garantizar su dignidad, su integridad y su derecho a una vida libre de violencia”, afirmó Jiménez.
El rol institucional en la reforma penal
El Ministerio recordó que, como ente rector de las políticas de igualdad y derechos de las mujeres, tiene el mandato legal de evaluar marcos jurídicos y proponer reformas para eliminar la discriminación y garantizar igualdad sustantiva, incluyendo su participación activa en los debates sobre la reforma penal.
Durante los años de discusión, la institución ha presentado recomendaciones técnicas y jurídicas al Congreso Nacional, enfocadas en la tipificación adecuada de delitos de violencia de género, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y la eliminación de barreras estructurales que impiden el acceso a la justicia.
Temas críticos en la reforma penal propuesta
Entre los aspectos más preocupantes del proyecto legislativo, el Ministerio expresó su firme oposición a la penalización absoluta del aborto, incluso en las tres causales excepcionales:
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Cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo.
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Cuando el embarazo es resultado de violación o incesto.
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Cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero.
La exclusión de estas causales, advirtió la institución, viola derechos fundamentales y contraviene compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano.
Asimismo, el Ministerio reiteró la importancia de:
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Establecer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, como la violación.
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Tipificar de forma específica delitos como el feminicidio, el acoso, la violencia de género e intrafamiliar.
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Incorporar estándares internacionales para el abordaje integral de la violencia contra la mujer.
Llamado al Congreso y al diálogo institucional
La ministra Jiménez señaló que para lograr una legislación penal efectiva y justa es indispensable incorporar la experiencia de mujeres sobrevivientes, operadores del sistema de justicia y entidades especializadas, a través de espacios de consulta con otras instancias del Estado, como el Poder Judicial.
“Construir una legislación que proteja a las mujeres requiere conocer sus realidades y escuchar a quienes tienen la responsabilidad institucional de garantizar sus derechos”, subrayó.
El Ministerio de la Mujer reafirmó su disposición al diálogo con los poderes del Estado y con la sociedad civil, en aras de construir un Código Penal moderno, justo y acorde con los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso Nacional a revisar las propuestas anunciadas y garantizar una legislación penal que proteja de manera efectiva a las mujeres, promueva la igualdad y asegure un marco normativo que refleje los compromisos del Estado con la justicia social y la dignidad humana.
