Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 328-25, instruyendo a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) a diseñar, implementar y administrar un Sistema Único de Gestión de Inventarios de Bienes de Consumo para los entes y órganos de la Administración pública que utilicen el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).
La medida busca fortalecer la transparencia, eficiencia y trazabilidad en las adquisiciones estatales, eliminando duplicidades, reduciendo gastos innecesarios y asegurando que las compras respondan a necesidades reales.
Control previo y eficiencia en el gasto
Con este nuevo sistema, toda institución pública deberá evaluar sus inventarios antes de iniciar un proceso de contratación, verificando la existencia real de la necesidad y evitando compras duplicadas o superfluas.
“Este mecanismo permitirá un uso racional de los bienes disponibles, mejorará la eficiencia del gasto y contribuirá a la sostenibilidad fiscal”, destacó el decreto.
Los bienes de consumo incluyen artículos de uso cotidiano en las instituciones, como papelería, materiales de limpieza, insumos médicos y productos de mantenimiento.
Integración y coordinación interinstitucional
El decreto establece que el sistema estará integrado al Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE), de modo que la información de inventarios sea considerada en la planificación financiera y presupuestaria.
Además, se conformará una mesa técnica de coordinación, liderada por la DGCP e integrada por:
-
Ministerio de Hacienda
-
Contraloría General de la República
-
Dirección General de Presupuesto (Digeprés)
-
Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog)
Esta mesa será responsable de definir lineamientos contables, políticas de almacenamiento, mecanismos de seguimiento, auditoría y control para garantizar la correcta gestión de los bienes de consumo.
Compromiso con las mejores prácticas
Con esta disposición, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso con una gestión pública más ordenada y eficiente, alineada con estándares internacionales en compras públicas y control del gasto, mejorando la rendición de cuentas y la administración responsable de los recursos del Estado.
