Santo Domingo. – El nuevo Código Penal de la República Dominicana, que entrará en vigor el 3 de agosto de 2026, endurece significativamente las sanciones contra la ciberdelincuencia, estableciendo penas de hasta 10 años de prisiónpor suplantación y robo de identidad digital, y hasta 20 años si la víctima es un funcionario público.
El abogado Amadeo Peralta destacó que esta reforma cambia radicalmente la lucha contra los delitos informáticos.
«Cosas que hoy no son delitos, mañana tendrán penas de hasta 20 años de prisión. El Congreso Nacional envía un mensaje disuasivo contundente a los ciberdelincuentes», afirmó.
Delito de robo de identidad digital
El artículo 188 del nuevo código establece que cualquier persona que, a través de medios electrónicos o telemáticos, utilice una identidad ajena o impida el acceso legítimo a cuentas digitales —como WhatsApp, correos electrónicos o páginas web— será condenada a cinco a diez años de prisión y a multas de diez a veinte salarios mínimos del sector público.
El párrafo II detalla que la información protegida incluye:
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Nombre, apellidos y domicilio.
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Número de teléfono y datos del acta de nacimiento.
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Cédula, pasaporte o licencia de conducir.
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Tarjetas de crédito, cuentas bancarias y credenciales digitales.
El párrafo IV agrava las penas si el delito lo comete un funcionario público o una persona con acceso a datos personales, imponiendo de diez a veinte años de prisión y multas de veinte a treinta salarios mínimos.
Robo de identidad agravado
El artículo 190 tipifica el robo de identidad agravado cuando la víctima es un funcionario, miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, sancionándolo igualmente con cinco a diez años de prisión y multas de diez a veinte salarios mínimos.
Acumulación de penas: hasta 40 años de prisión
La nueva normativa introduce el cúmulo de penas. Si al delito de suplantación se suman otros ilícitos, como asociación de malhechores o lavado de activos, la condena podría alcanzar hasta 40 años de cárcel.
Comparación con la ley actual
Actualmente, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología contempla sanciones más bajas, de tres a diez años de prisión y multas de cien a quinientos salarios mínimos para delitos similares, como la obtención ilícita de fondos por medios electrónicos.
Advertencia a los ciberdelincuentes
Peralta envió un mensaje directo:
«Que los hackers vayan abandonando esa práctica, porque aún estando presos, se les podrá instrumentar otro expediente nuevo con más gravedad que por el que ya están presos».
