Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos (SB) emitió la Circular SB: CSB-RG-202500015, que establece nuevas disposiciones para proteger a los usuarios financieros frente a fallos en los sistemas informáticos de las entidades de intermediación financiera (EIF).
La normativa prohíbe que las entidades apliquen cargos, comisiones o intereses por mora a los clientes cuando no puedan demostrar que ofrecieron canales alternativos funcionales durante la interrupción. En tales casos, deberán exonerar los costos o reembolsarlos automáticamente, sin necesidad de que el usuario presente reclamos.
Obligaciones de las entidades
La circular dispone que, ante fallas de sistemas, las EIF deberán activar un protocolo de comunicación para informar a sus clientes sobre la situación.
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Si la interrupción supera las dos horas, la entidad deberá notificar cuáles servicios están afectados, las causas y el tiempo estimado de resolución.
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En caso de mantenimientos programados, los usuarios deberán ser avisados con al menos 24 horas de anticipación, detallando servicios afectados y canales alternativos disponibles. Además, deberán notificar al supervisor con cinco días de antelación.
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Si la interrupción es consecuencia de un ciberataque, la entidad deberá informar al Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad del Sistema de Pagos (SPRICS), creado por la Junta Monetaria.
Fallos en cajeros automáticos
La SB también reguló incidentes en cajeros automáticos. Si la tarjeta es retenida por una falla atribuible al banco emisor o a un cajero de su propia red, el usuario no deberá pagar por reposición del plástico. Solo si ocurre en un cajero fuera de la red del banco, se permitirá cobrar el costo de reposición, sin penalidades adicionales.
Plazos y sanciones
Las entidades financieras tienen un plazo de seis meses para cumplir con estas disposiciones. En caso de incumplimiento, serán sancionadas conforme a la Ley Monetaria y Financiera y el Reglamento de Sanciones vigente.
Con esta medida, la SB busca reforzar la transparencia, seguridad y confianza del sistema financiero, garantizando que los usuarios reciban información clara y oportuna, así como protección frente a cargos injustificados derivados de fallas tecnológicas.
