Miami / Brasilia.– El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó al gobierno de Estados Unidos de utilizar aranceles y sanciones para favorecer la impunidad del expresidente Jair Bolsonaro, condenado recientemente a 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Las declaraciones fueron hechas en un artículo de opinión publicado este domingo en The New York Times.
Las principales acusaciones de Lula
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Lula asegura que los aranceles del 50 % impuestos por EE. UU. sobre productos brasileños (como café y carne) obedecen a motivaciones políticas más que a criterios económicos o comerciales.
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También critica las sanciones contra jueces brasileños, en particular contra Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo de Brasil, bajo la Ley Magnitsky, alegando que estas sanciones tienen el propósito de proteger a Bolsonaro.
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Manifestó que la democracia y la soberanía de Brasil no están en discusión (“no están sobre la mesa”) y rechazó las críticas de que el proceso judicial contra Bolsonaro constituye una “cacería de brujas”.
Contexto legal y respuestas
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Bolsonaro fue hallado culpable por el Tribunal Supremo de Brasil por conspirar para subvertir el sistema democrático, manipulando hechos después de perder las elecciones de 2022.
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Tras su condena, EE. UU. ha reaccionado imponiendo aranceles y sanciones bajo la Ley Magnitsky, lo que ha generado tensiones diplomáticas.
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Lula, sin embargo, señala que EE. UU. tiene un superávit comercial con Brasil en los últimos 15 años cercano a los USD 410.000 millones, lo que para él evidencia que los aranceles no tienen lógica económica.
Repercusiones diplomáticas y económicas
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Las medidas estadounidenses han generado críticas por parte del gobierno brasileño, que las considera una interferencia en la independencia judicial del país.
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También hay preocupación por el impacto comercial y económico: los aranceles podrían afectar exportaciones brasileñas, empleos y la cadena productiva local.
Lo que aún no está claro
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Si bien Lula acusa a EE. UU. de “buscar impunidad” para Bolsonaro, no hay evidencia pública concluyente de que las sanciones o aranceles hayan sido diseñadas explícitamente con ese fin—esta sigue siendo la interpretación política de Brasil.
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Los procedimientos legales en Brasil —incluyendo apelaciones— siguen su curso, lo que puede cambiar el panorama jurídico.
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No todas las sanciones propuestas han sido ejecutadas o han surtido efectos plenos. Es decir, hay diferencias entre amenazas, decisiones administrativas (visas, aranceles) y sanciones financieras efectivas.
