En dichas Unidades de Auditoría Interna Gubernamental se aplica el control interno previo para garantizar la legalidad y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Santo Domingo.– El contralor general de la República, Félix Santana García, informó que al inicio de la gestión del presidente Luis Abinader, el Estado contaba con 206 Unidades de Auditoría Interna (UAI), cifra que actualmente se ha elevado a 304, representando un aumento de 98 nuevas unidades en comparación con administraciones anteriores.
Rol de la Contraloría General
Santana García recordó que, conforme al artículo 247 de la Constitución Dominicana, la Contraloría General de la República es el órgano rector del control interno del Poder Ejecutivo, con atribuciones de fiscalizar y evaluar el manejo, uso e inversión de los recursos públicos. Asimismo, tiene la responsabilidad de autorizar las órdenes de pago tras comprobar que los trámites legales y administrativos se han cumplido en su totalidad.
En ese sentido, el funcionario puntualizó que la Ley 10-07 establece en su artículo 25 que los titulares de cada entidad son responsables de garantizar el cumplimiento del control interno, mientras que los servidores públicos deben velar por la correcta gestión en sus respectivos niveles de responsabilidad.
Proceso de control y autorización de pagos
El contralor explicó que en las Unidades de Auditoría Interna Gubernamental se aplica el control interno previo, que consiste en verificar que contratos y libramientos de pago cumplan con todos los requisitos legales y administrativos establecidos por las normas de la Contraloría y el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (Siafe).
Una vez validados, los documentos se remiten electrónicamente a través del Sistema Unificado de Gestión de Pago (Sugep) y el Sistema de Trámites Regulares Estructurados (TRE contratos) a la sede central de la Contraloría, donde son revisados por distintas áreas. Los trámites de pago pasan posteriormente a la Dirección de Seguimiento y Control de Calidad, que los evalúa y preautoriza antes de la firma final del contralor.
Tras la autorización, los libramientos son enviados a la Tesorería Nacional, encargada de realizar las transferencias a las cuentas habilitadas por las entidades en el Banco de Reservas.
Auditorías y medidas correctivas
Santana García señaló que, una vez completado el proceso de pagos, la Contraloría ejecuta auditorías a las instituciones públicas para verificar el cumplimiento de las normas. En caso de detectar irregularidades con implicaciones penales, se procede conforme a la ley. Si se trata de oportunidades de mejora, se exhorta a las instituciones a elaborar planes de acción correctivos.
“El artículo 44, numeral 3, de la Ley 10-07 establece que cuando se identifiquen oportunidades de mejora, la Contraloría hará las recomendaciones correspondientes para que la institución elabore un plan de acción y garantice su implementación y seguimiento”, subrayó el contralor.
Independencia y rotación de auditores
Con el propósito de preservar la independencia de las Unidades de Auditoría Interna, el contralor informó que la institución aplica un sistema de rotación periódica de auditores entre las distintas entidades estatales. Esta medida busca evitar vínculos cercanos con las Direcciones Administrativas y Financieras (DAF) de las instituciones auditadas, lo que refuerza la objetividad de sus funciones y fortalece la credibilidad del sistema de control.
Finalmente, Santana García reafirmó que estas acciones están orientadas a garantizar un uso eficiente, efectivo y transparente de los recursos públicos, en consonancia con las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci) y la legislación vigente.
