Santo Domingo.– Un polémico video musical de las exponentes urbanas Shúpamela y MenorQueen, presuntamente filmado en un aula escolar, ha desatado una ola de indignación en las redes sociales, donde usuarios denuncian el uso indebido de espacios educativos para fines artísticos.
La polémica grabación
La pieza audiovisual muestra a las artistas interpretando su tema con lenguaje explícito y gestos provocativos en lo que aparenta ser un salón de clases, lo que ha generado fuertes críticas sobre la falta de respeto hacia el entorno académico.
Miles de usuarios calificaron la acción como “una ofensa a la educación” y han exigido sanciones ejemplares a quienes permitieron la grabación.
Reacción del Ministerio de Educación
El ministro de Educación, Luis Miguel DeCamps, reaccionó de inmediato a través de su cuenta de X, donde afirmó:
“Estoy al tanto de un video que circula y que aparentemente fue grabado en una escuela. He instruido que se produzca una investigación… habrá consecuencias”.
El Ministerio aseguró que, de confirmarse la utilización de un plantel escolar sin autorización, se aplicarán las medidas correspondientes.
Antecedentes y medidas previas
La difusión de videos grabados en centros educativos no es un fenómeno nuevo en la República Dominicana. En años recientes, se han registrado casos de alumnos que comparten en redes sociales coreografías de música urbana o expresiones vulgares en horario de clases, lo que ha derivado en sanciones disciplinarias y llamados de atención por parte de las autoridades.
En varias oportunidades, el Ministerio de Educación (Minerd) ha reiterado que las aulas deben ser espacios exclusivos para el aprendizaje, advirtiendo que no tolerará su uso para actividades ajenas a su finalidad.
Debate sobre la tecnología y el aula
El hecho ha reavivado el debate sobre los límites del uso de la tecnología en entornos escolares y la responsabilidad compartida de estudiantes, docentes y familias en el manejo de contenidos digitales.
La viralidad de estos videos plantea un desafío adicional para las autoridades, que buscan garantizar que los centros educativos sean respetados como espacios formativos y no escenarios de entretenimiento o promoción musical.
