Santo Domingo, República Dominicana.– El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), presentó formalmente acusación contra diez personas físicas y siete empresas presuntamente vinculadas a un entramado de corrupción, estafa contra el Estado, delitos tecnológicos, terrorismo y lavado de activos, desmantelado mediante la Operación Camaleón.
Entre los principales imputados figuran:
-
Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant)
-
José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S.
-
Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant
-
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant
-
Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho del Intrant
-
Juan Francisco Álvarez Carbuccia, exdirector administrativo y financiero del Intrant
-
Carlos José Peguero Vargas
-
Mariano Gustini
-
Manuel Eduardo Mora Vázquez
-
Henry Darío Féliz Casso
Las empresas acusadas son:
Transcore Latam SRL, AURIX S.A.S., INPROSOL SRL, OML Inversiones SRL, PagoRD Xchange SRL, Industria Soltex Dominicana SRL y Dekolor SRL.
Acusación del Ministerio Público
La acusación fue presentada por Mirna Ortiz, titular de la Pepca, junto a un equipo de fiscales anticorrupción. El Ministerio Público asegura haber reunido “abundantes pruebas materiales, documentales, periciales y testimoniales”que demuestran la existencia de múltiples líneas delictivas, entre ellas:
-
Corrupción administrativa
-
Fraude en contrataciones públicas
-
Estafa contra el Estado
-
Sabotaje a infraestructuras críticas
-
Delitos de alta tecnología
-
Contrabando
-
Falsificación
-
Terrorismo tecnológico
-
Lavado de activos
El organismo persecutor aseguró que gran parte de las operaciones ilícitas se realizaron a través del Intrant y del Ministerio de Defensa, mediante contratos irregulares para el manejo del sistema semafórico y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, así como plataformas tecnológicas estatales.
Estructura del presunto entramado
Según la acusación, el eje operativo del esquema criminal sería José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), vinculado financieramente a varias de las empresas investigadas.
“Bajo su dirección se consolidó un entramado criminal dedicado a desviar fondos públicos, manipular sistemas críticos del Estado y ejecutar operaciones de espionaje y sabotaje tecnológico”, indica el expediente.
Entre las empresas señaladas se identificó su presunta participación de la siguiente forma:
| Empresa | Supuesto rol delictivo |
|---|---|
| Transcore Latam SRL | Contratos fraudulentos y control de semáforos |
| PagoRD Xchange SRL | Apropiación de ingresos y lavado |
| Dekolor SRL | Manipulación y licencias irregulares |
| Aurix S.A.S. | Espionaje y sabotaje tecnológico |
| Industria Soltex Dominicana SRL | Contrabando y lavado |
| INPROSOL SRL | Vehículo para desvío financiero |
| OML Inversiones SRL | Adquisición de propiedades con fondos ilícitos |
Tipificación penal
Las conductas atribuidas están tipificadas en:
-
Constitución Dominicana, artículo 146 (corrupción)
-
Código Penal, artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266, 405
-
Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología
-
Ley 17-19 sobre Comercio Ilícito y Contrabando
-
Ley 155-17 contra Lavado de Activos
-
Ley 267-08 sobre Terrorismo
-
Ley 631-16 sobre Armas y Material Bélico
Estado del proceso
Este caso fue declarado complejo en octubre de 2024 por la jueza Fátima Veloz, quien impuso medidas de coerción en su momento contra los principales implicados. Con la presentación de la acusación, el expediente pasa ahora a la fase de audiencia preliminar, donde se decidirá si será enviado a juicio.
