Santo Domingo. – El juicio del Caso Coral vivió este martes un giro significativo tras el interrogatorio realizado por la defensa del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre a una representante pericial de la Cámara de Cuentas, en el que se evidenciaron serias omisiones, contradicciones y fallas metodológicas en el informe utilizado como base de la acusación del Ministerio Público.
Durante la audiencia, la perito reconoció que el informe no era concluyente, que se elaboró sin participación de la defensa y que carecía de sustento documental en puntos clave. Además, admitió haber omitido informaciones relevantes que podrían justificar parte del patrimonio del imputado, incluyendo ingresos previos y bienes adquiridos dentro del régimen de comunidad conyugal durante su gestión al frente del Cuerpo de Seguridad Presidencial.
Fallas técnicas y ausencia de trazabilidad financiera
El abogado defensor Cristian Alberto Martínez Carrasco, quien condujo el interrogatorio, destacó que el informe no aplicó normas técnicas internacionales, carecía de trazabilidad financiera y no establecía un vínculo claro con ningún tipo penal específico.
Durante la sesión, el perito cayó en múltiples contradicciones argumentativas y no pudo explicar por qué fueron excluidos ciertos ingresos ni cuál fue el criterio para valorar determinados bienes, lo cual compromete seriamente la credibilidad y solidez jurídica del documento pericial.
Impacto procesal clave para la defensa
“El tribunal ha podido comprobar que este informe no tiene la solidez jurídica ni la neutralidad técnica que exige un proceso penal justo. Ha quedado en evidencia que se trata de una construcción incompleta, sesgada y profundamente inconsistente”, afirmó Martínez Carrasco al concluir el contrainterrogatorio.
La defensa del mayor general Cáceres considera que este momento marca un punto de inflexión en el proceso, al debilitar uno de los pilares técnicos de la acusación y abrir espacio para desmontar la narrativa del Ministerio Público.
El Caso Coral, que involucra a exaltos mandos militares y funcionarios por presunto desfalco y corrupción administrativa, continúa su curso con alta atención mediática y social, mientras se acerca a etapas cruciales del juicio de fondo.
