Miami – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó este lunes un nuevo plan migratorio al Gobierno del presidente Donald Trump, en el que propone utilizar elementos de la Guardia Nacional como jueces migratorios y otorgar mayores competencias a la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) para llevar a cabo redadas migratorias independientes.
Durante una conferencia de prensa en Tampa, DeSantis detalló que el plan contempla la autorización federal para que el Cuerpo de Abogados Generales de la Guardia Nacional, una rama de justicia militar, actúe como jueces de inmigración, con el objetivo de agilizar los procesos de deportación.
Asimismo, reveló que 100 agentes de la FHP ya operan como alguaciles adjuntos del Servicio de Marshals, gracias al acuerdo 287(g), lo que les permite ejecutar órdenes judiciales federales y colaborar en la remoción de inmigrantes con antecedentes penales.
“Lo que tenemos ahora con la FHP es que pueden realizar operativos migratorios de forma completamente independiente del Gobierno federal. No hay ningún otro estado donde eso esté ocurriendo”, afirmó el gobernador.
Como ejemplo, mencionó la reciente “Operación Marea Negra”, el mayor operativo migratorio registrado en un solo estado en EE.UU., con 1.120 inmigrantes arrestados entre el 21 y 26 de abril. La operación fue coordinada entre siete agencias estatales y locales junto al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
“La ‘Marea Negra’ fue un cuerpo especial modelo. Estos agentes de la FHP pueden detener inmigrantes, conducir operativos, y procesarlos para su deportación como lo haría un agente federal”, explicó DeSantis.
El plan también incluye propuestas para ampliar los centros de detención de migrantes en Florida y reforzar las aprehensiones, consolidando al estado como un actor clave en la política migratoria nacional.
“Florida será el líder en la lucha para aplicar la ley inmigratoria”, sentenció el gobernador.
De acuerdo con el American Immigration Council, uno de cada cinco residentes en Florida es inmigrante, con aproximadamente 5 millones de personas nacidas en el extranjero viviendo en el estado.
En los últimos años, Florida se ha convertido en un bastión de las políticas migratorias promovidas por Trump. La administración DeSantis ha aprobado leyes estatales que prohíben las ciudades santuario, imponen multas de hasta 5.000 dólares y permiten la suspensión o destitución de funcionarios que no colaboren con las autoridades migratorias.
Como resultado, más de 100 agencias gubernamentales y la totalidad de los condados del estado han firmado acuerdos 287(g), junto con decenas de ciudades, entre ellas Miami, Hialeah, Coral Gables, Orlando y Doral.
