Santo Domingo. – A pesar de las críticas recibidas, el Gobierno dominicano continúa firme con la ejecución de las 15 medidas migratorias anunciadas por el presidente Luis Abinader el pasado 6 de abril, orientadas a reforzar el control de la migración irregular en el país. Hasta el momento, 13 de las 15 disposiciones están en curso, mientras las dos restantes se encuentran en proceso de implementación.
La medida más reciente en ser activada fue la creación de una comisión consultiva honorífica, integrada por juristas especializados en derecho público y privado. Esta comisión, coordinada por el magistrado Milton Ray Guevara, tiene como objetivo analizar el marco jurídico migratorio vigente y presentar recomendaciones al Poder Ejecutivo. Entre sus miembros figuran los juristas Jimena Conde Jiminián, Justo Pedro Castellanos Khoury, Juan Manuel Rosario, Belén Catalina del Toro, Lenis García Guzmán, Javier A. Suárez, Félix Tena de Sosa y Jatzel Román González.
Las acciones comenzaron el 7 de abril con la introducción de un proyecto de ley que modifica la legislación vigente sobre tráfico de migrantes. Esta iniciativa busca fortalecer la capacidad del Estado para perseguir y sancionar con mayor severidad a quienes faciliten la entrada ilegal al territorio nacional, alquilen a indocumentados o participen en redes de tráfico humano.
Otra medida relevante fue la creación del Observatorio Ciudadano de Política Migratoria mediante el Decreto 215-25, el 20 de abril. Este órgano busca fortalecer la vigilancia, transparencia y participación ciudadana en la formulación y evaluación de las políticas migratorias. La entidad está presidida por el periodista Miguel Franjul, junto a otras siete personalidades del ámbito social y académico.
Un día después, el 21 de abril, el Gobierno activó un nuevo protocolo en hospitales públicos para la atención de extranjeros indocumentados. El protocolo establece que, tras ser atendidos, los pacientes sin estatus migratorio regular deben ser detenidos y repatriados. Actualmente, la medida se aplica en 33 centros de salud del Servicio Nacional de Salud, los cuales concentran el 75 % de los partos de mujeres indocumentadas.
En cuanto al refuerzo de la seguridad fronteriza, el presidente Abinader informó sobre el despliegue de tres brigadas militares en las provincias de San Juan, Mao y Barahona. Además, anunció el aumento del personal del Ejército en la frontera, sumando 1,500 soldados, incluidos 820 que se graduaron recientemente y 800 que fueron enviados el pasado 13 de mayo.
El Ejecutivo también ha incorporado 750 nuevos agentes migratorios, con planes de sumar otros 400 a partir del 5 de mayo, quienes recibirán un entrenamiento intensivo de 60 días.
El 23 de abril, se firmó un acuerdo de colaboración entre el Gobierno central y las alcaldías, con el fin de coordinar acciones a nivel municipal para combatir la migración irregular. Al día siguiente, el mandatario visitó la frontera y anunció la extensión de 13 kilómetros adicionales del muro fronterizo, actualmente en proceso de licitación.
En materia judicial, el Consejo del Poder Judicial creó la Unidad de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (Uitimc), mientras que la procuradora Yeni Berenice Reynoso emitió una Instrucción General para guiar las investigaciones sobre estos delitos.
Adicionalmente, el Gobierno anunció un aumento salarial del 25 % para los trabajadores de zonas francas y del 30 % para los del sector turismo. Esta decisión busca reducir la dependencia de mano de obra extranjera no regularizada. Los aumentos fueron oficializados por el Consejo Nacional de Salarios el 29 de abril.
Respecto al sector agropecuario y de la construcción, el presidente Abinader informó que el Fondo para la Mecanización ha otorgado RD$2,800 millones para apoyar la sustitución de mano de obra extranjera con tecnología. Asimismo, indicó que se negocia con organismos multilaterales para duplicar ese monto.
Entre las medidas aún en proceso se encuentran la modificación del reglamento de los mercados binacionales y la instalación de oficinas de control migratorio en todas las provincias del país, lo que completaría el conjunto de 15 acciones presentadas por el mandatario.
El Gobierno reitera que estas medidas forman parte de una política migratoria integral, enmarcada en la defensa de la soberanía nacional y el orden público, y asegura que continuará su implementación conforme a lo establecido.
