Washington — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este martes al Congreso una solicitud formal para rescindir 9,400 millones de dólares del presupuesto federal, dirigidos principalmente a programas de ayuda exterior y radiodifusión pública, marcando un nuevo capítulo en su agenda de recortes al gasto gubernamental.
La presidenta del Comité de Apropiaciones del Senado, la republicana Susan Collins, confirmó haber recibido el documento oficial, según reportó el medio Politico. Entre los programas afectados se encuentra la Iniciativa Presidencial de Emergencia para la Lucha contra el Sida (PEPFAR), lanzada en 2003 bajo la administración de George W. Bush, que ha sido históricamente respaldada de manera bipartidista por su impacto en países en desarrollo.
El Congreso tiene ahora 45 días para debatir y votar la propuesta. Con una mayoría conservadora ajustada en ambas cámaras, cualquier deserción dentro del bloque republicano podría comprometer la aprobación de la medida.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, expresó su respaldo al recorte y señaló que espera someterlo a votación en el pleno “tan pronto como lo permitan las reglas”.
De aprobarse, la medida representaría una extensión de los esfuerzos iniciados por Elon Musk durante su paso por el efímero Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una oficina asesoría que buscaba reducir el tamaño del gobierno federal y que Musk dejó la semana pasada.
Desde el ala demócrata ya se han activado esfuerzos para frenar el recorte, particularmente en lo que respecta al financiamiento de los medios públicos, como NPR y PBS. En una carta dirigida al liderazgo del Congreso, el legislador Dan Goldman advirtió que eliminar esos fondos podría dejar a muchas comunidades rurales y remotas sin acceso a “noticias locales, contenido educativo y cobertura confiable”.
No obstante, el director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, sugirió que el Ejecutivo explora vías unilaterales para restringir parte de los recursos, incluso sin la aprobación del Congreso, lo que podría desatar una batalla legal.
La medida se enmarca en una ofensiva más amplia del presidente Trump por reestructurar el gasto público, reducir la presencia internacional de EE.UU. y eliminar programas que considera ideológicamente contrarios a su visión conservadora.
