Washington (EE.UU.) – El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la emisión de tres nuevas exenciones a leyes ambientales con el objetivo de agilizar la construcción de aproximadamente 58 kilómetros (36 millas) de muro fronterizo en los estados de Arizona y Nuevo México, una medida que refuerza la estrategia migratoria del presidente Donald Trump en su segundo mandato.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem, informó en un comunicado que estas nuevas exenciones facilitarán los trabajos de infraestructura en los sectores de Yuma, Tucson y El Paso (Texas), considerados puntos estratégicos para el control fronterizo.
“Estos proyectos cerrarán brechas críticas en el muro fronterizo y mejorarán las operaciones de seguridad en los sectores de El Paso, Tucson y Yuma de la Patrulla Fronteriza”, indicó Noem, al tiempo que destacó que “las obras ejecutadas bajo estas exenciones son pasos cruciales para asegurar la frontera sur y reforzar nuestro compromiso con la seguridad nacional”.
La decisión permitirá al DHS omitir requisitos contemplados en normativas como la Ley Nacional de Política Ambiental, una de las principales herramientas legales de protección ecológica del país. Estas flexibilizaciones legales se suman a una exención previa firmada por Noem en abril, que autorizó obras similares en el estado de California.
La autoridad para conceder este tipo de dispensas se basa en una disposición de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996, promulgada durante el mandato del entonces presidente demócrata Bill Clinton, que otorga amplias facultades al titular del DHS en materia de construcción de infraestructura fronteriza.
En paralelo, el gobierno ha reportado una significativa reducción en los flujos migratorios desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. De acuerdo con cifras oficiales, entre febrero y abril de 2025 se registraron 23,912 detenciones de migrantes en la frontera con México, a las que se suman 29,105 casos en enero, totalizando 53,017 encuentros en los primeros cuatro meses del año. Esta cifra representa una caída del 90 % en comparación con los 531,224 registros en el mismo periodo de 2024.
El anuncio ha generado preocupación entre organizaciones ambientalistas y comunidades fronterizas, que advierten sobre los posibles impactos ecológicos de las obras en zonas ricas en biodiversidad. No obstante, el Gobierno asegura que la medida es indispensable para reforzar el control territorial, frenar el cruce irregular y garantizar la seguridad nacional.
