Los Ángeles, EE. UU. – El gobierno de California presentó este lunes una demanda contra el expresidente Donald Trump, acusándolo de desplegar de manera “ilegal” a la Guardia Nacional en el estado para contener protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias, sin el consentimiento del gobernador, una acción que las autoridades consideran una violación constitucional.
El fiscal general de California, Rob Bonta, junto al gobernador Gavin Newsom, anunciaron la acción legal, afirmando que la decisión de Trump de federalizar la Guardia Nacional sin solicitud previa del gobierno estatal representa un abuso del poder federal y contraviene la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
“Activar a estas tropas para protestas que las fuerzas del orden locales confirmaron estaban bajo control es profundamente injusto y una falta de respeto a su servicio y sacrificio”, expresó Bonta en una declaración oficial. Además, señaló que esta es la primera vez desde 1965 que un presidente toma esta medida sin el consentimiento del gobernador estatal.
El gobernador Newsom subrayó que su administración ha activado la Guardia Nacional cuando ha sido necesario, como en los incendios forestales o durante las protestas del verano de 2020, y enfatizó que la jurisdicción para su despliegue corresponde exclusivamente al gobierno del estado. “Él [Trump] no la convocó. Yo tampoco. No fue autorizada”, recalcó.
La disputa se intensificó tras las declaraciones de Tom Homan, asesor de política migratoria de la Casa Blanca bajo Trump, quien sugirió que Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, podrían ser arrestados por obstruir la aplicación de la ley federal. El gobernador respondió desafiante: “Tom, arréstame”.
Aunque Homan aclaró posteriormente que no hay planes de arrestar a las autoridades californianas, advirtió que la administración Trump no permitirá acciones que, a su juicio, obstaculicen la aplicación de la ley migratoria federal.
La demanda marca un nuevo capítulo en las tensiones entre California y la administración Trump, particularmente en torno a temas migratorios, federalismo y el uso del poder militar dentro de los Estados Unidos. El caso podría sentar un precedente sobre los límites del poder presidencial en relación con las prerrogativas de los estados.
