Desde que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumió el poder en 2020, el equilibrio democrático en República Dominicana ha sufrido un desgaste considerable. El PRM logró en las elecciones de 2024 un control casi absoluto de las instituciones del Estado, mientras que los partidos de oposición perdieron capacidad real para ejercer presión y equilibrio, especialmente en el Congreso Nacional.
Históricamente, los gobiernos anteriores, como los de Danilo Medina y Leonel Fernández, enfrentaron fuertes protestas sociales y oposición activa de organizaciones civiles y partidos políticos. En contraste, la actual gestión del presidente Luis Abinader ha tenido menor presión de la sociedad civil tradicional y la oposición política, que además enfrenta críticas por su débil desempeño.
Organizaciones clave como Participación Ciudadana han visto reducido su impacto, mientras surgen nuevos grupos que no cuentan con el mismo peso histórico ni credibilidad. Además, figuras que antes criticaban al gobierno hoy forman parte del mismo, debilitando aún más la voz crítica.
La oposición partidista, liderada ahora por la Fuerza del Pueblo (FP), carece de representación significativa para frenar las iniciativas del PRM y su accionar ha sido cuestionado por su falta de firmeza en procesos clave, como la elección de funcionarios y órganos de control.
Por otro lado, aunque la directora de Ética e Integridad Gubernamental ha sometido numerosos casos de corrupción, pocos han avanzado en la justicia, lo que limita la rendición de cuentas y la presión sobre el gobierno.
Este contexto refleja un escenario en que el contrapeso al poder se ha debilitado, con un gobierno fuerte y una oposición y sociedad civil menos efectivas para ejercer vigilancia y equilibrio democrático.
