Washington, D.C. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha revelado un nuevo memorando que establece directrices para priorizar casos de desnaturalización de inmigrantes naturalizados que hayan incurrido en delitos graves o representen un riesgo para la seguridad nacional. La medida, promovida bajo la administración del presidente Donald Trump, ha despertado preocupación entre defensores de derechos civiles e inmigrantes, quienes la consideran parte de una agenda migratoria con motivaciones políticas.
Según el documento, firmado por el subsecretario de Justicia Brett Shumate, el gobierno priorizará la revocación de ciudadanía en los siguientes casos:
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Personas con condenas por crímenes violentos.
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Miembros de pandillas o cárteles del narcotráfico.
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Sospechosos de terrorismo o delitos contra la seguridad nacional.
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Involucrados en fraude al sistema de Medicaid u otros programas públicos.
¿Qué es la desnaturalización y cuán común es?
La desnaturalización es el proceso legal mediante el cual se revoca la ciudadanía estadounidense adquirida por naturalización. Aunque legalmente permitida, su uso ha sido históricamente limitado. Entre 1990 y 2017, el Departamento de Justicia presentó poco más de 300 casos, enfocados principalmente en criminales de guerra o personas que ocultaron antecedentes penales graves.
Una iniciativa llamada Operación Janus, iniciada durante la administración Obama, identificó miles de casos potenciales de fraude en solicitudes de naturalización, basándose en discrepancias de identidad y huellas dactilares. Esa base dio pie al enfoque más agresivo del gobierno de Trump.
Preocupaciones legales y éticas
Expertos y organizaciones como la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal y el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, advierten que el nuevo enfoque del Departamento de Justicia podría:
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Aplicarse arbitrariamente o con motivaciones políticas.
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Disuadir a inmigrantes elegibles de solicitar la ciudadanía por miedo a represalias futuras.
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Ser usado para perseguir activistas o figuras públicas críticas con el gobierno, como en el caso del político demócrata Zohran Mamdani o el activista propalestino Mahmoud Khalil.
“El lenguaje amplio del memorando abre la puerta a que cualquier delito, en cualquier momento, pueda justificar la revocación de ciudadanía”, declaró Christopher Wellborn, presidente del gremio de abogados penalistas.
Por su parte, el abogado Matthew Hoppock señaló que el plan “abre las compuertas” para una ofensiva legal sin precedentes si el gobierno cuenta con los recursos suficientes.
Casos recientes de desnaturalización
En junio, el Departamento de Justicia revocó con éxito la ciudadanía de un hombre británico que ocultó antecedentes de delitos sexuales en su solicitud de naturalización. El acusado se había enlistado en el Ejército y se benefició de un proceso especial de naturalización para militares, sin revelar sus crímenes previos.
“Si cometes delitos graves y luego mientes en el proceso de naturalización, el Departamento de Justicia te investigará y tomará acción”, afirmó Shumate.
Conclusión
Aunque el proceso de desnaturalización no es nuevo, la intención de ampliarlo como herramienta contra inmigrantes que hayan cometido delitos —o incluso solo estén acusados— plantea serias implicaciones legales, éticas y políticas. La comunidad inmigrante y los defensores de derechos humanos temen que esta estrategia pueda convertirse en un instrumento de intimidación y discriminación bajo una interpretación amplia y discrecional de la ley.
